lunes, 5 de marzo de 2018



Pide al gobierno capitalino cambiar criterios de asignación de becas.
[Publicado en la Revista Proceso n° 2157/4 de marzo de 2018]

En el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) del gobierno de la Ciudad de México, se vulnera el derecho a la educación, no sólo porque desde 2012 al 2017 el gasto por alumno ha disminuido de 35 mil 764 pesos al año a 26 mil 123 (la cifra es más baja descontando la inflación: 21 mil 417 pesos anuales), sino porque en el presupuesto vigente, -contrario a los recursos globales de la ciudad que para este año se incrementaron en 7.3% en términos reales-, el IEMS ha tenido una disminución inaceptable de 3.3%.
Es extraña la vocación de este gobierno que también se ha ido sobre los presupuestos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Fideicomiso de Educación Garantizada, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación; incluso, sobre el presupuesto de la Secretaría de Educación, pues todos muestran porcentajes negativos en lo que se les destina.
Un elemento de respaldo para los estudiantes son las becas, quienes reciben alguna de estas dos opciones. Prepa Sí y la Beca IEMS, esta última es de mayor monto y se otorga a los estudiantes regulares; pese a ello, en el año fiscal 2017 se dejó de entregar a un poco más de 2,000 estudiantes regulares.
La situación ha empeorado porque se ha modificado las reglas para entregarlas, y jóvenes que ya estaban recibiéndola no la tendrán en el nuevo esquema, cuyos cambios fueron realizados el 8 de diciembre último por la directora general Dinorah Pizano Osorio.
Ahora las becas son concebidas como apoyos de excelencia, cuando deberían ser ayudas sociales.
La infracción a la progresividad de los derechos, la garantía de la calidad educativa, la obligación de aplicar estrictamente el gasto educativo, el deber de calcular presupuestos crecientes en términos reales, la no retroactividad de las nuevas normas en perjuicio de los derechos, constituyen los indicios que nos han llevado a estudiantes, administrativos y docentes a levantar la queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de la que esperamos la reparación pronta por la vulneración de los derechos a la educación de miles de estudiantes del Instituto.

Carlos Moncada Gil

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