A continuación, artículo íntegro aparecido este sábado 13 de junio en la Jornada:
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/13/opinion/015a2pol
La increíble historia de una
"suspensión indefinida" de la evaluación a los maestros,
que un día se anuncia y al otro se renuncia, es la manifestación
extrema de la fragilidad a que ha llegado una reforma que simple y
sencillamente no logra avanzar ni consolidarse. Aunque con altibajos,
su trayectoria, punteada siempre por la resistencia magisterial, es
de titubeos y de un creciente deterioro de sus bases de apoyo.
Todavía en 2008 la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE)
contaba con el apoyo pleno del gobierno, del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) de Elba Esther Gordillo y,
todavía en la penumbra, del sector empresarial. Era una reforma que
incluía un abanico de temas, aunque un acuerdo con la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya anunciaba
la evaluación universal y el despido de maestros.
La respuesta magisterial comenzó a ser
nacional: de Morelos, Baja California y hasta de Quintana Roo, además
de las secciones del sur, surgieron propuestas de una reforma
alternativa y se logró detener la iniciativa. Sin embargo, en
2010-2011, con la incipiente pero decidida presencia de Mexicanos
Primero, la alianza se concentró en la evaluación e insistió en
hacerla universal, aunque con poca fortuna, porque a la predecible
oposición magisterial se sumó la incertidumbre y desbandada que
produjo en el Congreso la proximidad del relevo presidencial.
Finalmente, en 2012 apareció de nuevo la idea de que la reforma
debía ser sobre todo una evaluación y hasta inscrita en la
Constitución. Y viene cobijada ahora por la hasta entonces más
fuerte alianza: los partidos más importantes, la Presidencia, los
medios de comunicación, la OCDE y, además, Mexicanos Primero, que
elabora el guión y etapas de la propuesta.
Es cierto que la movilización nacional
magisterial de 2013 no pudo conseguir el objetivo de impedir la
aprobación de la reforma, pero la puso en una especie de estado de
suspensión y contribuyó significativamente a descarrilar la alianza
que la sostenía. Porque a partir de fines de 2013 se volvió visible
que el llamado Pacto por México estaba en una crisis de la que ya no
habría de recuperarse, resultado del aura de apresuramiento,
ilegitimidad y percepción de que un mero examen –por muy
constitucional que fuera– ciertamente no podría resolver la
complicada maraña de intereses y factores que tiene atada a la
educación nacional. Gobernadores indecisos y las reiteradas
movilizaciones magisteriales hicieron crecer la impaciencia del
sector empresarial, que comenzó a acusar al gobierno de ineficaz y
falto de determinación para imponer la ley. Esto llevó al
enfrentamiento total que se dio en el pasado incidente de la
suspensión del examen, cuando junto con el Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación (INEE), la fuerza empresarial doblegó
de manera humillante al gobierno y le impuso la reinstalación.
Esos 11 días fueron claves para
mostrar hasta qué grado la conducción de la educación, e incluso
la decisión tan particular de aplicar un examen, políticamente
habían dejado de ser competencia de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) y del gobierno. Ganó Mexicanos Primero, pero la
reforma salió derrotada. Habrá tal vez muestras de amistad para la
foto, pero el episodio fue canibalesco y deja huella. En
consecuencia, hoy la reforma no tiene al SNTE (que ha dejado de
existir políticamente hablando) ni al pacto ni una alianza sólida
empresarios-SEP ni, por supuesto, algún acercamiento siquiera con
los sectores más activos y movilizados del magisterio. En
consecuencia, es una reforma huérfana y de la calle, que no trasmite
la seriedad y solidez, claridad y determinación de un equipo, es
decir, lo que cada vez más exige de las iniciativas gubernamentales
el desilusionado pueblo de este país. La postura empresarial de
obligar al uso de la fuerza del gas y los toletes y que sea el
gobierno el que pague el costo político obviamente tampoco ayuda. El
problema central, además, es que una "reforma" cuya
implantación exige el silencio y la subordinación de los maestros,
y que ni de lejos cumple con el requisito de inspirar y convocar a
una profunda transformación, será siempre, y sólo, un conjunto de
gestos burocráticos.
Después de lo que ha venido ocurriendo
en estos casi 10 años de "reforma" y con la perspectiva
clara de que las cosas no van a mejorar, es entonces hora de
preguntarse si debe seguirse obligando al país a continuar cargando
con el costo de la inestabilidad social que produce. Sobre todo si es
ahora, más claramente que nunca, una reforma cuyo sólo impulsor y
propietario es el sector empresarial. A más de un siglo de los
esquemas decimonónicos de ejercicio elitista del poder, la
alternativa urgente es abrir un espacio donde todos puedan sentirse
incluidos y participar. Para que los maestros, estudiantes, padres de
familia, gobierno y también regiones, comunidades y organizaciones
(incluyendo las empresariales) puedan comenzar a tejer acuerdos
básicos que planteen el rumbo de una reforma sólida, distinta y
amplia. Si en el terreno de la educación se demuestra que hay
posibilidad de encontrar una salida con base en la participación y
acuerdos amplios, eso tendría repercusiones en todos los ámbitos
conflictivos del país. Empezar con la educación nunca ha sido tan
necesario como ahora.
Alto a la agresión contra maestros y
jóvenes activistas en Guerrero, Puebla, Veracruz.
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